Se predica la laicidad de
un sistema político cuando se entiende que ninguna religión puede
tener el carácter de estatal.
Esto no es nada extraño
para el catolicismo porque es más que conocida la expresión de “Dad al
César lo que es del César y a Dios lo que es Dios” y, aunque a lo
largo de los siglos no siempre ha habido separación entre la Iglesia y
el Estado o, mejor entre la Iglesia y lo mundano, hace ya muchos años
que la situación cambió.
No quiere, por tanto, la
Iglesia fundada por Cristo que el Estado siga sus principios o su
doctrina; tampoco quiere, sin embargo, que el Estado o, mejor, los
gobernantes del mismo, olviden que la religión no es algo superficial
ni caprichoso ni, sobre todo, algo que se puede manipular a su antojo.
El Estado laico
Es de esperar que, en
occidente, una Constitución diga en su texto que la nación para la que
se elabora no tiene religión alguna y que, por tanto, ninguna será la
del Estado o, lo que es lo mismo, que ninguna creencia regirá el
funcionamiento del mismo, de sus organizaciones y de las funciones que
cumplen.
Es algo que, por lo demás,
es la mejor forma de que no se vean mezcladas dos realidades que en sí
mismas consideradas deben estar separadas: Iglesia y Estado.
Entonces, en tal caso, las
organizaciones que constituyen la nación han de llevar a cabo una
labor no distanciada de las distintas confesiones que en su territorio
pueden coexistir sino, muy al contrario, teniéndolas todas en cuenta,
actuar con respeto hacia ellas.
¿En qué se basa el
necesario respeto?
Sencillamente, debido a que
si bien para el Estado, como organización, se haya decidido el
alejamiento de confesión religiosa alguna, las personas que conforman
la nación sí creen (una gran mayoría así lo manifiesta) y, por tanto,
los sujetos activos que constituyen la nación merecen la
correspondiente consideración de quienes, al fin y al cabo, no son,
sino, los gestores del convivir de la nación.
Por tanto, tal situación es
la ideal y la que debe cumplirse para que, en realidad, podamos
considerar que un Estado, pongamos el español, tiene una actitud en el
que la laicidad juega un papel importante en el desarrollo económico,
político y social de aquel.
El Estado laicista
Pero hay algo más avieso y
torcido, una forma de comportarse que determina que se han violado los
principios arriba citados: cuando la laicidad deviene laicismo. Y, aún
peor, cuando la actitud gravemente laicista de sus gobernantes tiene
el claro objetivo de menospreciar a una religión en concreto que, no
obstante, es la que dice seguir la gran mayoría de la población.
Bien sabemos, en tal
aspecto, que España es una de las naciones en las que religión
católica tuvo, ha tenido y tiene una acogida, implantación y
desarrollo más arraigado y en la que, no sin alguna que otra
dificultad de siglos (por la invasión musulmana) se ha mostrado la
fortaleza de la fe en Dios.
Extrañaría, por tanto, que
algún gobernante se manifestase en contra o muy en contra de la
Iglesia católica. Pero, más que nada porque sería atacar,
directamente, a la población (en amplia mayoría) que entiende que
aquella es importante para sus vidas y que no se trata,
exclusivamente, del seguimiento de unos ritos o la percepción de unos
sacramentos lo que les guía sino que es una forma de comportarse, de
entender la vida.
Sin embargo, no otra cosa
ha pasado cuando, en nuestra patria, del principio de laicidad se ha
pasado al comportamiento laicista sin solución de continuidad.
¿Qué ha pasado o, mejor,
qué está pasando al respecto?
Tan sólo con echar una
mirada a nuestro alrededor y, también, teniendo algo de visión (no
demasiado profética) de lo que se nos viene encima, respondemos con
facilidad a tal pregunta.
Así, paso a paso se están
socavando los principios sociales sobre los que se asienta España. Se
lleva a cabo, además, a conciencia de lo que se hace porque eso es lo
que parece y lo que se quiere.
Se implantó, en el ámbito
familiar, el divorcio llamado exprés porque supone una forma rápida de
que determinada situación en la que pueda existir una desavenencia, se
termine. Sin más problemas... adiós a tal familia.
Se implantó el imposible
“matrimonio homosexual”, contrario, en su propio sentido a lo que dice
la constitución española.
Se ha facilitado la
investigación con células madre embrionarias con fines según los
cuales los embriones (seres humanos ya no sólo en potencia sino en
acto por ser seres diferenciados unos de otros) se convierten en
“medios” y no en un fin en sí mismo.
Se ha implantado una
asignatura adoctrinadora, llamada Educación para la Ciudadanía, en pos
de la destrucción de la moral social y la adaptación al pensamiento al
que lo es socialista. Y todo para “compensar”, de mala manera y mala
forma, la existencia de la asignatura de Religión católica a la que,
además, se zahiere ninguneándola frente a las demás, que lo son,
materias escolares. Y tal asignatura, referida a la Ciudadanía y de
carácter netamente adoctrinador, no ha sido eliminada de las horas
lectivas que ocupa, para más gravedad, por el nuevo Ejecutivo que
gobierna España a resulta de las elecciones del 20 de noviembre de
2011.
Se implantó el aborto como
un aberrante “derecho” de la madre a matar al hijo que es una forma de
manifestar la falta de humanidad de legisladores y de aquellos que
mantienen tal barbaridad en vigencia actual y absoluta.
Sin embargo, no todo
está perdido porque esto también tiene solución: que el Estado, cumpla
con su deber de respeto a la religión católica y deje de legislar en
contra de su doctrina (socialmente admitida) y se comporte no como uno
que lo es laicista sino, mejor, como uno en el que el principio de
laicidad sea, en verdad, lo que debe ser: respeto, sin desprecio,
hacia la religión y a lo religioso.
Eleuterio Fernández Guzmán
